Id. Cendoj: 28079230062016100186
ECLI: ES:AN:2016:1840
ROJ: SAN  1840/2016
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 207/2016
Fecha de Resolución: 26/05/2016
Nº de Recurso: 496/2013
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000496 / 2013

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 04827/2013

 Demandante: BARDÓN Y RUFO 67 SL

 Procurador: D. ALEJANDRO ESCUDERO DELGADO

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 Dª. ANA ISABEL RESA GÓMEZ

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a veintiseis de mayo de dos mil dieciséis.

 VISTO , en nombre de Su Majestad el Rey, por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, el recurso nº 496/13 , expediente sancionador de la CNC S/0380/11 Coches de alquiler, seguido a instancia de " Bardón y Rufo 67 SL " representada por el Procurador de los Tribunales D. Alejandro Escudero Delgado, con asistencia letrada, y como Administración demandada la Comisión Nacional de la Competencia, en la actualidad la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, actuando en su representación y defensa la Abogacía del Estado. El recurso versó sobre impugnación de Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la cuantía se fijó en 497.000 euros, e intervino como ponente el Magistrado Don SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO. La presente Sentencia se dicta con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO :.- Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos:

 I. La recurrente en este proceso es "Bardón y Rufo 67SL", que está asociada a AESVA y cuenta con dos personas físicas como únicos partícipes detentando una de ellas el 99% de las participaciones. Tiene su oficina en Málaga y ofrece servicios de alquiler de vehículos sin conductor en Málaga, Fuengirola y Marbella, con el nombre de malagacar.com.

 II. La actuación de la CNC que da lugar a las presentes actuaciones se inicia el 2 de agosto de 2011 con la entrada en la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) de la solicitud de exención del pago de la multa presentada por Sol Mar alquiler de vehículos, S. L. (SOLMAR), por la comisión de una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC ), consistente en la participación en pactos y acuerdos para la fijación de los precios y condiciones comerciales en el sector de alquiler de vehículos sin conductor.

 1 . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de la LDC , la Dirección de Investigación de la CNC (DI) realizó una información reservada con el fin de determinar la concurrencia de circunstancias que justificasen la incoación de un expediente sancionador por conductas anticompetitivas en el sector de alquiler de vehículos sin conductor.

 2. En el marco de esta información reservada, entre otras actuaciones, el 25 de octubre de 2011, la DI concedió la exención condicional del pago de la multa a Sol Mar alquiler de vehículos, S.L., en virtud del artículo 65.1.a) de la LDC , al aportar elementos de prueba que, a juicio de la DI, le permitían ordenar el desarrollo de inspecciones a la CNC en relación con el cártel descrito en la citada solicitud de exención del pago de la multa.

 3. De acuerdo con el artículo 40 de la LDC , el 26 de octubre de 2011 la CNC llevó a cabo inspecciones simultáneas en las sedes de Aurigacrown Car Hire, S.L. (en adelante, AURIGACROWN), Niza Cars, S.L. (en adelante, NIZA), Goldcar Spain, S.L (en adelante, GOLDCAR), Drivalia Car Rental S.L. (en adelante, DRIVALIA) y Record-Go Alquiler Vacacional, S.A. (en adelante, RECORD-GO).

 4. El 12 de diciembre de 2011 tuvo entrada en la CNC la solicitud de exención del pago de la multa o, en su caso, subsidiariamente de reducción del importe de la multa, presentada por NIZA, por la comisión de una infracción del artículo 1.1 de la LDC consistente en acuerdos para fijar precios mínimos en el sector de alquiler de vehículos sin conductor.

 5 . El 23 de diciembre de 2011 la DI rechazó esta solicitud de exención del pago de la multa presentada por NIZA, dado que no se cumplían las condiciones establecidas en el artículo 65.1 de la LDC , y acordó examinar la información y los elementos de prueba presentados por NIZA bajo la consideración de una solicitud de reducción del importe de la multa.

 6. De acuerdo con el artículo 40 de la LDC , el 11 de enero de 2012 la DI llevó a cabo inspecciones simultáneas en las sedes de la ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE COCHES DE ALQUILER (en adelante, AECA) y en las empresas FLORENCIO BARRERA E HIJOS, S.L. (en adelante, FLORENCIO BARRERA), CENTAURO y GUERIN RENT A CAR, S.L. (en adelante, GUERIN).

 7. A la vista de la información reservada realizada, la DI consideró que existían indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la LDC. Por ello, el 12 de enero de 2012, de conformidad con el artículo 49.1 de la LDC , la DI acordó la incoación del expediente sancionador S/0380/11 Coches de alquiler, contra determinadas empresas que fue ampliado el 20 de abril de 2012 para incluir a las recurrentes.

 III. La CNC concluyó que desde el 27 de mayo 2005 generalizándose la conducta a otras entidades a partir del 2 de abril de 2009 y hasta el mes de octubre 2011 (la última reunión se celebra el 30 de marzo de 2011), existió un cártel de empresas del sector del alquiler de vehículos sin conductor a corto plazo (menos de un año). Su finalidad era fijar unos precios mínimos venta al público y pactar unas condiciones comerciales homogéneas al mismo precio y en alguna ocasión incluso, se pactaron los márgenes de algunos de los brokers o intermediarios con los que trabajaban más frecuentemente. El ámbito geográfico definido por la CNC es suprautonómico y abarca las Comunidades de Cataluña, Valencia, Andalucía y Baleares.

 1. En concreto, y según la apreciación de la CNC manifestada en la resolución recurrida, las entidades participantes en el cártel fijaban precios para las diferentes categorías de coches de alquiler, diferenciando según gama y temporada (alta o Premium, media, baja o invierno, Navidades, Semana Santa, etc.), fijando también la duración temporal de dichas temporadas y la fecha de aplicación de los precios pactados para así poder fácilmente hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y no perder reservas, pues normalmente se acordaban incrementos de los precios mínimos.

 2. Estos acuerdos entre las entidades participantes en el cártel se realizaron fundamentalmente, en su fase inicial y según la apreciación de la CNC, a través de las reuniones celebradas por el cártel, normalmente en salas de hoteles o restaurantes reservadas alternativamente por las 5 empresas que originariamente constituyeron el cártel -GOLDCAR, SOLMAR, CENTAURO, AURIGACROWN y RECORD .

 3. A partir del dos de abril de 2009, la CNC concluye que se llegó a dar instrucciones incluso más precisas en cuanto al seguimiento del cártel, estableciéndose un mediador o garante de los acuerdos adoptados. El Presidente de la Asociación de Coches de Alquiler de Andalucía (AECA) en esos momentos, aceptó el encargo y creó una cuenta de gmail, denominada Acava ( rentacares@gmail.com) para este propósito y a través de la cual se comunicaban todos los miembros del cártel.

 IV. Los concretos hechos imputados por la CNC a la recurrente, que se desarrollan en la Comunidad Autónoma de Andalucía desde el 2 de abril de 2009 hasta el mes de octubre de 2011, son los siguientes:

 1. Bardon y Rufo 67, S.L. ha participado en los acuerdos de fijación de precios y condiciones comerciales en la Comunidad Autónoma de Andalucía que forman parte del cártel investigado, por el periodo comprendido entre el 2 de abril de 2009 y octubre de 2011.

 2. La recurrente aparece como destinataria de los correos electrónicos utilizados por el cártel para detectar los incumplimientos relacionados en el párrafo 186 del PCH y 191 de la PR) y consta su participación en un buen número de reuniones del cártel desde la de 2 de abril de 2009, en la que se acordaron precios mínimos según categoría del coche (pequeño y mediano) para la temporada baja y alta (que se delimitan), y para Andalucía (párrafos 249-252 del PCH. Ese mismo día, una vez concluida la anterior reunión, la recurrente junto con otras empresas integrantes del cártel acordaron también las fechas de la temporada Premium y la fecha de aplicación (párrafo 253 PCH).

 3. También participó en la reunión de cártel convocada por AECA y celebrada en Málaga el 16 de diciembre de 2010 (párrafo 295 PCH), en la que ha quedado acreditado que se pactaron precios mínimos, pese a reconocer los presentes que eran ilegales: "con directivos de algunas empresas de alquiler, para hablar de las tarifas y de la posibilidad de acordar unos precios mínimos, aun sabiendo del carácter ilegal de este tipo de reuniones" (párrafo 294 PCH).

 4. Además, la recurrente también participó en otras reuniones en las que se pactaron precios mínimos y otras condiciones comerciales: reunión de 29 de julio de 2009 (párrafo 201 del PCH, nota a pie de página 117, y 182 de la PR); reunión de 15 de septiembre de 2009 (párrafo 124 de la PR); reunión de 11 de enero de 2011, celebrada en el Hotel Cervantes de Torremolinos (párrafo 298 del PCH); reunión de 26 de enero de 2011 (párrafo 302 del PCH); reunión de 16 de febrero de 2011 celebrada en el Hotel Tryp Gran Sol de Alicante (párrafo 309 del PCH); reunión del cártel, de 16 de marzo de 2011 en el Parador de Puerto Lumbreras (Murcia), en la que participaron "los mismos de siempre ", según las anotaciones tomadas por GOLDCAR (párrafo 314 PCH); y en la última reunión del cártel celebrada el 30 de marzo de 2011 en el domicilio social de Aesva en Málaga (párrafo 317 PCH).

 V. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), mediante resolución de fecha 30 de julio de 2013 adoptó las siguientes decisiones:

 1. Declarar que la actuación de la entidad recurrente descrita constituye una infracción única y continuada prevista en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia durante el período dos de abril de 2009 hasta el mes de octubre de 2011.

 2. Imponer a la recurrente una sanción de multa por importe de 497.000 euros.

 SEGUNDO:.- Por la representación de la actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución precedente, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho. La fundamentación jurídica de la demanda se basó en las siguientes consideraciones:

 I. Errores de la resolución impugnada determinantes de su nulidad:

 -La recurrente sólo opera en la ciudad de Málaga, por lo que la incidencia de su actividad en el mercado delimitado es irrelevante.

 -La recurrente realiza las contrataciones directamente desde su página web, sin intermediarios, por lo que no puede oponérsele la prueba basada en reuniones o intercambios de información con intermediarios.

 -La recurrente fijaba sus precios de forma autónoma e independiente, sin recibir reproches por parte de los competidores, lo que indica su falta de implicación den el cártel.

 II. Niega haber participado en reuniones anticompetitivas:

 -No hay prueba alguna de su asistencia a tales reuniones. Admite únicamente haber participado en reuniones de la patronal Aesva con un objeto lícito en defensa de los intereses de los asociados.

 -Destaca que no emitió ningún correo electrónico, que ignora por qué figura como destinatario de algunos de ellos y reitera su falta de asistencia a las reuniones, sin que en ningún momento haya usado información alguna proveniente de las mismas.

 III. Insuficiencia de los intercambios de información parta declarar probada la conducta:

 -La información intercambiada, según la resolución, se refiere a precios y fechas, pero esa información es pública y aparece en las páginas web por lo que no tiene carácter anticompetitivo.

 IV. Infracción del principio de proporcionalidad y defectos en el cálculo de la multa:

 -La multa se ha impuesto con apoyo en las Directrices de la CNC de 6 de febrero de 2009 que no son respetuosas con el principio de legalidad y desconociendo el mandato del artículo 64 LDC .

 -El volumen de ventas, factor esencial en el cálculo, no figura en las previsiones legales a tener en cuenta para la imposición de la sanción.

 -Falta de motivación de la sanción, ya que se impone el topo máximo del 10% del volumen de ventas del último año sin justificar por qué se llega a dicho tope.

 TERCERO:.- La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida.

 CUARTO:.- Practicada la prueba declarada pertinente, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.

 QUINTO:.- Señalado el día 25 de mayo de 2016 para la deliberación, votación y fallo ésta tuvo lugar en la reunión del Tribunal señalada al efecto.

 SEXTO:.- Aparecen observadas las formalidades de tramitación, que son las del procedimiento ordinario.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

 PRIMERO: La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la Resolución de fecha 30 de julio de 2013, dictada por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que adoptó las siguientes decisiones:

 1. Declarar que la actuación descrita de la entidad recurrente Bardón y Rufo 67 SL, constituye una infracción única y continuada prevista en el artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia , que abarca el período que va desde el 2 de abril de 2009 hasta el mes de octubre de 2011.

 2. Imponer a la entidad recurrente una sanción de multa por importe de 497.000 euros.

 SEGUNDO: Resulta pertinente en este momento esbozar de manera general, la lógica y funcionamiento de la práctica sancionada tal y como se desprende de la resolución recurrida, que, en términos globales, este Tribunal asume. Sin perjuicio de lo anterior, en los sucesivos fundamentos jurídicos de esta resolución, entraremos a analizar, con mayor profundidad, los distintos aspectos y cuestiones que plantea cada una de las recurrentes.

 La CNC concluyó que desde el 27 de mayo 2005, generalizándose la conducta a otras entidades a partir del 2 de abril de 2009 y hasta el mes de octubre 2011, existió un cártel de empresas del sector del alquiler de vehículos sin conductor a corto plazo. El ámbito geográfico definido por la CNC es suprautonómico y abarca las Comunidades de Cataluña, Valencia, Andalucía y Baleares.

 Su finalidad era fijar unos precios mínimos de venta al público y pactar unas condiciones comerciales homogéneas al mismo precio. En alguna ocasión, incluso se pactaron los márgenes de algunos de los brokers o intermediarios con los que trabajaban más frecuentemente.

 Más en concreto, y según la apreciación de la CNC manifestada en la resolución recurrida, las entidades participantes en el cártel fijaban precios para las diferentes categorías de coches de alquiler, diferenciando según gama y temporada (alta o Premium, media, baja o invierno, navidades, semana santa, etc.), fijando también la duración temporal de dichas temporadas y la fecha de aplicación de los precios pactados, para así poder fácilmente hacer un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y no perder reservas, pues normalmente se acordaban incrementos de los precios mínimos.

 Estos acuerdos entre las entidades participantes en el cártel se realizaron fundamentalmente, en su fase inicial y según la apreciación de la CNC, a través de las reuniones celebradas por el cártel, normalmente en salas de hoteles o restaurantes reservadas alternativamente. Estima la CNC que fueron 5 las empresas que originariamente constituyeron el cártel, a las que considera actores singulares del mismo: Goldcar, Solmar, Centauro, Aurigacrown y Record.

 A partir del dos de abril de 2009, nuevas empresas de carácter local se incorporan al cártel y se crea un mecanismo de seguimiento, en concreto por medio del Presidente de la Asociación de Empresarios de Coches de Alquiler (AECA), que creó una cuenta de gmail, denominada Acava ( rentacares@gmail.com ) para este propósito y a través de la cual se comunicaban todos los miembros del cártel para denunciar incumplimientos y otras novedades respecto de lo pactado.

 La incorporación de la recurrente, única empresa multinacional implicada, se habría realizado el 30 de marzo de 2011.

 TERCERO: El eje central sobre el que se construye la defensa de la recurrente se centra en su escasa incidencia en el mercado y una denuncia sobre la errónea valoración de los hechos acreditados por parte de la CNC, la falta de prueba sobre su eventual participación, y el hecho de que el simple intercambio de una información que es pública sobre precios y fechas de aplicación, no puede dar lugar a una práctica anticompetitiva.

 Una precisión previa resulta necesaria. La sanción se impone por infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio , sin realizar mención alguna al artículo 101 del TFUE ni al Reglamento 1/2003, por lo que, en principio, debe considerarse que la infracción es de ámbito puramente nacional. Ello no es obstáculo para la aplicación sistemática de la jurisprudencia del TJUE, en la medida en que, ni la legislación nacional ni su jurisprudencia, podrán contravenir los planteamientos del TJUE, salvo para la imposición de sanciones de más gravedad. Las propias partes recurrentes y la resolución recurrida, apoyan sus respectivas argumentaciones en dicha jurisprudencia, como lo va a hacer esta Sentencia.

 CUARTO: Debe precisarse que la CNC realizó una delimitación del mercado lo suficientemente detallada para garantizar los objetivos de esta operación, careciendo de relevancia el mayor o menor grado de penetración que en dicho mercado pueda tener la recurrente.

 A partir del apartado 147 de la resolución recurrida se procede a la delimitación del mercado. Respecto del mercado relevante de producto señala (153) que en el presente caso se centra en el mercado de alquiler de coches sin conductor a corto plazo (menos de 1 año), ya sea vacacional, al que dedica un mayor análisis, o por negocios. Concluye afirmando que existe, sin duda, una diferencia apreciable en los precios y servicios ofrecidos por las empresas multinacionales y las locales (como la recurrente), cuando se trata de alquiler vacacional. También define el mercado geográfico como nacional, de acuerdo con una práctica consolidada haciendo referencia estrecha a la relación de dicho mercado con el turismo, lo que determina una concentración elevada de actividad en determinadas Comunidades Autónomas.

 Desde el punto de vista de la oferta y la demanda analiza las diferencias entre el sector turístico y el de negocios. En el FJ 5 de la resolución se realiza la valoración del Consejo sobre el mercado tomando en consideración, no solo las alegaciones de las partes, sino la propuesta de la DI y de forma expresa señala la ausencia de barreras como el elemento que permite descartar la tesis de la existencia de un mercado diferenciado limitado al sector turístico.

 QUINTO: La segunda cuestión que debe abordarse se refiere a la calificación de la conducta descrita como una infracción única y continua en la que la recurrente, de acuerdo con las tesis de la CNC, tendría una participación completa si bien limitada en el tiempo desde su incorporación al cártel, el 2 de abril de 2009.

 Llegados a este punto, este Tribunal considera necesario realizar una precisión conceptual que puede acarrear importantes consecuencias jurídicas. Esta precisión viene motivada por el uso indistinto e indebido que se realiza en nuestra práctica y jurisprudencia, entre los conceptos de infracción continua y continuada, claramente distinguidos en el artículo 25.2 del Reglamento 1/2003 ..

 La Sentencia del Tribunal General de 17 de mayo de 2013 Asunto Trelleborg Industrie SAS, T-147 y 148/09 , apartados 57 a 71 y 72 a 89, reitera y expresa con claridad la distinción entre ambos conceptos y sus consecuencias en la forma que pasamos a sistematizar. No obstante, con carácter previo, debemos precisar que las formas de comisión de la infracción, permiten calificar la infracción única, ya sea como continua o bien como continuada, pues el concepto "única" se refiere a un comportamiento continuado que tenía una única finalidad económica, dirigida a falsear la competencia, o incluso por infracciones individuales relacionadas entre ellas por una identidad de objeto y de sujetos

 1. Concepto de infracción continua y sus consecuencias:

 -La jurisprudencia permite a la Comisión presumir que la infracción, o la participación de una empresa en ella, no se ha interrumpido, aunque no disponga de pruebas de la infracción durante algunos períodos específicos, siempre que las diferentes acciones que forman parte de esa infracción persigan una sola finalidad y puedan insertarse en una infracción de carácter único y continuo. Dicha apreciación debe sustentarse en indicios objetivos y concordantes, acreditativos de la existencia de un plan conjunto (apartado 61).

 -Cuando concurren esas condiciones el concepto de infracción continua permite, de esa forma, que la Comisión imponga una multa por la totalidad del período de infracción considerado y determine la fecha en la que empieza a correr el plazo de prescripción, a saber, la fecha en la que la infracción continua ha finalizado (apartado 62). Todo ello sin perjuicio del derecho de la parte a desvirtuar dicha presunción.

 -La consecuencia fundamental se vincula a la fijación del "dies a quo" a los efectos del cómputo del plazo de prescripción y al hecho de la responsabilidad de la empresa sancionada debe calcularse, en principio, teniendo en cuenta todo el período de duración de la infracción.

 2. Concepto de infracción continuada y sus consecuencias:

 -Cuando pueda considerarse que la participación de una empresa en la infracción se interrumpió y que la empresa participó en ésta antes y después de esa interrupción, esa infracción puede calificarse como continuada si, al igual que la infracción continua, existe un objetivo único perseguido por ella antes y después de la interrupción. Ello podrá deducirse de la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos afectados, de las empresas que han participado en la colusión, de las formas principales de su ejecución, de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas y también del ámbito de aplicación geográfico de esas prácticas.

 -En ese supuesto la infracción es única y continuada, y aunque la Comisión puede imponer una multa por todo el período de duración de la infracción, en cambio no puede imponerla por el período durante el que ésta se interrumpió.

 -El origen del artículo 25.2 del Reglamento 1/2003 se encuentra en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia de la Comunidad Económica Europea (DO L 319, p. 1; EE 08/02, p. 41), del que proceden las disposiciones sobre la prescripción contenidas en el Reglamento nº 1/2003. Esta norma se refería a las infracciones «continuas o continuadas», y en la versión en lengua francesa al de infracciones «continues ou continuées, que fue sustituido en la versión en lengua francesa del artículo 25, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 , por el de infracción «continuée ou répétée», modificación que no se dio en las demás versiones lingüísticas, lo que ha dado lugar a una cierta confusión conceptual.

 -Lamentablemente tenemos que consignar que por un problema de traducción, se presentan ambos conceptos como sinónimos cuando claramente no lo son, por lo que consideramos pertinente establecer la presente precisión.

 SEXTO: En el presente caso no cabe duda de que, pese al uso indistinto que de ambos conceptos realiza la resolución recurrida, la imputación que se hace a la recurrente se refiere a la eventual existencia de una infracción continua.

 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ha establecido las pautas o elementos que deben tomarse en consideración para calificar una conducta como infracción única y continua, que parten de un presupuesto irrenunciable, la existencia de un plan único de actuación conjunta de las distintas entidades implicadas.

 En este sentido puede citarse la Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2012, Asunto Verhuizongen Coppens, C- 441/11 , apartado 41, en el que se indica que: "Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, actualmente 101.1 del TFUE , puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir por sí mismos y aisladamente considerados una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto (sentencias Comisión/Anic Partecipazioni, antes citada, apartado 81, así como de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123, apartado 258)".

 Por su parte, el Tribunal General, sin perjuicio, obviamente, de aplicar esta jurisprudencia, ha puntualizado los siguientes extremos:

 1º Así, en la sentencia de 6 de febrero de 2014, asunto T-27/10 AC- Treuhand AG, apartados 240 y 241, señala que no puede identificarse de forma genérica el concepto "objetivo único", que subyace en el plan conjunto de las empresas implicadas, con la simple distorsión de la competencia, pues ese es el presupuesto de la calificación de la práctica como anticompetitiva.

 Esa interpretación tendría como consecuencia, que varios comportamientos relativos a un sector económico, contrarios al artículo 81 CE , apartado 1, deberían calificarse sistemáticamente como elementos constitutivos de una infracción única (véase la sentencia del Tribunal de 30 de noviembre de 2011, Quinn Barlo y otros/Comisión, T-208/06 , Rec. p. II-7953, apartado 149, y la jurisprudencia citada).

 Por ello, debe siempre verificarse el grado de complementariedad de los distintos comportamientos que integran la infracción única.

 A este respecto, habrá que tener en cuenta cualquier circunstancia que pueda demostrar o desmentir dicho vínculo, como el período de aplicación, el contenido (incluyendo los métodos empleados) y, correlativamente, el objetivo de los diversos comportamientos de que se trata (véase la sentencia de 28 de abril de 2010, del Tribunal General, asunto T-446/05 Amann &amp; Söhne y Cousin Filterie/Comisión, apartado 92, y la jurisprudencia citada en la misma).

 2º La sentencia de 17 de mayo de 2013 Asunto T-147/09 Trelleborg Industrie, apartados 59 y ss, precisa que:

 a) En el marco de una infracción que dura varios años, no impide la calificación de infracción única el hecho de que las distintas manifestaciones de los acuerdos se produzcan en períodos diferentes, siempre que pueda identificarse el elemento de unidad de actuación y finalidad.

 b) De acuerdo con una práctica jurisprudencial constante se han identificado una serie de criterios que ayudan a calificar una infracción como única y continuada, a saber: la identidad de los objetivos de las prácticas consideradas, de los productos y servicios, de las empresas participantes, y de las formas de ejecución, pudiéndose tener en cuenta, además, la identidad de las personas físicas intervinientes por cuenta de las empresas implicadas y la identidad del ámbito de aplicación geográfico de las prácticas consideradas.

 c) La Comisión puede, en consecuencia, presumir la permanencia de una empresa durante todo el período de duración del cártel, aunque no se haya acreditado la participación de la empresa en cuestión en fases concretas, siempre que concurran los elementos suficientes para acreditar la participación de la empresa en un plan conjunto con una finalidad específica, que se prolonga en el tiempo. La consecuencia inmediata de ello, es que el "dies a quo" del plazo de prescripción, se computa a partir del cese de la última conducta.

 Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad conferida a la empresa implicada de desvirtuar esta presunción.

 Esta doctrina ha sido plenamente asumida por esta Sala de la Audiencia Nacional en las Sentencias de 15 de julio de 2014 (recursos nº 150/2013 y 176/2013 , asuntos Torres Epic y Tepol).

 Sin perjuicio de lo anterior, debe recordarse que con carácter general, el derecho sancionador español ha descrito la infracción prolongada en el tiempo en el artículo 4.6 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto , por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, que dispone: "Asimismo, será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión".

 La construcción española de la infracción continua obedece a un principio inspirador, importado del proceso penal, que tiene por objeto atenuar la responsabilidad del infractor, mientras que la concepción dimanante de la jurisprudencia del Tribunal de justicia se inspira en la doctrina anglosajona de la conspiracy. Dicha concepción tiene por objeto establecer una presunción en favor de la Comisión, a los efectos de facilitar la prueba de la participación de las empresas en infracciones complejas y de larga duración en las que no necesariamente se dispone prueba directa de la participación del sujeto infractor durante todo el período de la vulneración del Derecho de la Competencia. Naturalmente esta presunción admite prueba en contrario.

 Por otra parte, puede observarse que el texto legal español emplea la expresión infracción continuada sin efectuar la distinción a la que hemos hecho referencia entre infracción continua y continuada.

 SÉPTIMO : Una vez establecida la existencia del cártel y la calificación de la infracción como única y continua, debemos analizar la conducta de la recurrente para determinar su grado de participación y si, efectivamente, estaba al corriente de todos los objetivos del cártel.

 La recurrente invoca idealmente el artículo 24 CE por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, dado que la resolución recurrida se dictó sin contar con base probatoria suficiente que implique a la recurrente, que no fue autora de ningún correo electrónico y respecto de la que no hay prueba directa de su asistencia a reunión alguna.

 Nuestro análisis, de conformidad con la doctrina establecida en la sentencia de 27 de septiembre de 2011 del TEDH, Asunto Menarini Diagnósticos , deberá examinar con profundidad los elementos de hecho de carácter incriminatorio para poder pronunciarnos sobre una eventual infracción de la normativa de competencia aplicada.

 Debemos anticipar que la jurisprudencia del TJUE es especialmente rigurosa con la valoración de la asistencia a reuniones anticompetitivas.

 Resulta clásica la cita de la Sentencia del Tribunal de Justicia (STJUE) de 4 de junio de 2009, asunto C-8/08 T-Mobile, que a este respecto realiza las siguientes afirmaciones en respuesta a la tercera de las cuestiones prejudiciales que le fueron planteadas:

 1. Un único intercambio de información entre competidores puede conducir "per se", a una concertación contraria a las normas de competencia.

 2. No obstante lo anterior, admite que en función de la estructura del mercado, una única toma de contacto pudiera no ser suficiente en el supuesto de que los operadores que participan en la concertación creen un cártel con un sistema complejo y sofisticado en relación con un gran número de aspectos relativos a su comportamiento en el mercado.

 3. El punto decisivo no es el número de reuniones al que se asiste, sino el hecho de saber si el contacto o los contactos que se han producido han dado la posibilidad de tener en cuenta la información intercambiada.

 4. La presunción de que existe una relación de causalidad entre la concertación y el comportamiento de dicha empresa en el mercado existirá siempre que la empresa participante en la concertación permanezca activa.

 Esta doctrina, que puede calificarse como clásica ha sido recientemente reiterada por sentencias del Tribunal de Justicia como la de 3 de mayo de 2012 asunto Comap C-290/11 , seguida también por una constante jurisprudencia del Tribunal General de la que es un ejemplo la STG de 30 de noviembre de 2011, asunto Quin Barloo, en la que se indica, a partir del apartado 47, que: "Cuando la participación en tales reuniones ha quedado acreditada, incumbe a esta empresa aportar los indicios adecuados para demostrar que su participación en las reuniones no estaba guiada en absoluto por un espíritu contrario a la competencia, probando que informó a sus competidores de que ella participaba en las reuniones con unas intenciones diferentes a las suyas (sentencias Hüls/Comisión, citada en el apartado 36 supra, apartado 155; Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 34 supra, apartado 96, y Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 81).

 La razón que subyace en este principio jurídico es que, al haber participado en la reunión sin distanciarse públicamente de su contenido, la empresa ha dado a entender a los demás participantes que suscribía su resultado y que se atendría a éste (sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 82)".

 Resulta de interés la cita de la STJUE de 17 de septiembre de 2015, asunto Total Marketing Services SA, C-634/13 , cuya doctrina ha sido reiterada por la STJUE de 21 de enero de 2016, asunto C- 74/14 , Eturas UAB, en la medida en que viene a precisar el concepto y características que debe reunir el distanciamiento público para exonerar de responsabilidad a los asistentes a reuniones anticompetitivas. Así se afirma que, aunque la constancia de un distanciamiento público es un medio idóneo para acreditar la ruptura con el cártel, no es la única opción con la que cuenta una empresa acusada de participar en el mismo, concluyendo que, cuando la empresa en cuestión haya dejado de participar en las reuniones durante un período significativo, la Comisión deberá acompañar algún elemento de prueba concordante para acreditar que sigue siendo partícipe del cártel.

 OCTAVO: Las pruebas que la CNMC presenta para acreditar la participación de la recurrente en el cártel, no son, ciertamente, pruebas directas, pero ello no es óbice para tener por probados los hechos que se le imputan, ya que la prueba indiciaria y por presunciones resulta válida y compatible con el respeto a la presunción de inocencia siempre que se concurran las exigencias establecidas por la jurisprudencia anotada.

 La asistencia de la recurrente a las reuniones puede deducirse racionalmente del hecho probado y no cuestionado por la recurrente, de que ha sido receptora de numerosas invitaciones parta asistir a reuniones del cártel desde la, para ella inicial, reunión de 2 de abril de 2009.

 El hecho de haber recibido de forma sistemática correos electrónicos conteniendo invitaciones para asistir a reuniones y posteriores correos de rendición de cuentas de los acuerdos adoptados en la concreta reunión con la información correspondiente, unido al hecho de que en ninguno de los correos se hace referencia a una eventual ausencia de la recurrente a las mismas, como hubiera sido habitual en dicho tipo de comunicaciones, permite razonablemente concluir que la recurrente asistió a las reuniones que se detallan en los antecedentes de esta resolución, y que, en todo caso, tuvo conocimiento de los acuerdos adoptados en las mismas.

 A mayor abundamiento, existe documentación de dichas reuniones, ciertamente unilateral, confeccionada por Goldcar. No obstante, dichos documentos son coherentes con las convocatorias acreditadas y además están avalados por los testimonios de otros competidores, como Niza en su declaración de clemencia o Record-Go y Aurigacrown, en notas manuscritas halladas en las inspecciones realizadas en sus sedes sociales, lo que permite formar nuestra convicción en el sentido de que efectivamente la recurrente asistió a dichas reuniones.

 Es por todo ello, por lo que llegamos a la conclusión de que la recurrente estuvo al corriente de todas las actuaciones anticompetitivas llevadas a cabo en el período descrito y también sobre las condiciones de los distintos acuerdos adoptados y su ámbito territorial, aunque materialmente limitara su actuación al alquiler de vehículos en la ciudad de Málaga. Esta última circunstancia no es obstáculo para su participación se extienda a todas las conductas cubiertas por la infracción única y continua, ya que en las reuniones de referencia se especificó el ámbito de actuación supralocal del cártel así como las distintas condiciones establecidas y las conductas englobadas en el mismo.

 Resulta también irrelevante el hecho de que la recurrente no siguiera en su política de precios los acuerdos adoptados por el cártel, pues el dato relevante para justificar su sanción, no es el de la ejecución de los acuerdos, dado que los acuerdos horizontales son anticompetitivos por su objeto lo que exime de analizar los efectos de la conducta, como con detalle se indica en la STJUE T- Mobile antes citada.

 El hecho de disponer de información sobre las políticas de precios de sus competidores de forma previa a su publicación en las respectivas páginas web, que es lo ocurrido en este caso, permite a la recurrente adaptar su propia política de precios a las formas de actuación de sus competidores, con la consecuencia de que con este proceder no opera como un agente independiente en el mercado y se vulnera, por lo tanto, la política de la libre competencia.

 La recurrente tuvo conocimiento directo de las conductas anticompetitivas por lo que carece de relevancia si dicha información se dirigía posteriormente a los intermediarios o se limitaba su esfera de actuación a los empresarios directamente. En todo cado, la recurrente dispuso de información sobre precios y políticas de ejecución de los mismos, de forma ilícita y antes de que fuera pública, por lo que debe desestimarse su recurso en este punto.

 Resta por analizar el último motivo de recurso, referido a la vulneración del principio de proporcionalidad, falta de motivación de la resolución en lo que respecta a la cuantificación de la sanción y quiebra del principio de legalidad al carecer la sanción impuesta de base legal suficiente.

 La petición de la recurrente en este punto debe prosperar al amparo de la doctrina contenida en la STS de 29 de enero de 2015 , pues el cálculo de la multa se basa en la Comunicación de la CNC de 6 de febrero de 2009 y no se han tomado en consideración los parámetros establecidos en el artículo 64 LDC . Por otra parte, debemos compartir con la recurrente la queja relativa a la falta de motivación de la resolución en cuanto a la cuantificación de la multa, pues para imponer la cantidad máxima de sanción (10% del volumen de ventas del ejercicio anterior), debe justificarse la razón que aconseja imponer la multa en su grado máximo, lo que no se ha hecho.

 NOVENO : De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA no procede realizar un especial pronunciamiento sobre las costas causadas.

 Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente

FALLO

 Estimamos en parte el recurso interpuesto y en consecuencia anulamos el acto impugnado para que la Administración demandada imponga una nueva multa respetando los parámetros establecidos en la STS de 29 de enero de 2015 . Desestimamos el recurso por lo demás. Sin costas. Así por ésta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 248 de la LOPJ , al tiempo de notificar la presente sentencia, se indicará a las partes que contra la misma no cabe recurso de casación ordinario.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 31/05/2016 doy fe.