Id. Cendoj: 28079230062016100230
ECLI: ES:AN:2016:2456
ROJ: SAN  2456/2016
Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 6
Nº de Resolución: 249/2016
Fecha de Resolución: 23/06/2016
Nº de Recurso: 548/2013
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: RAMON CASTILLO BADAL
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Tipo de Resolución: Sentencia
  
  Resumen:
  
    MULTAS Y SANCIONES  
  
  Idioma:
  
    Español  

 A U D I E N C I A N A C I O N A L

 Sala de lo Contencioso-Administrativo

 SECCIÓN SEXTA

 Núm. de Recurso: 0000548 / 2013

 Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

 Núm. Registro General: 05233/2013

 Demandante: TRANS EUROPEAN TRANSPORT SUARDIAZ, S.L

 Procurador: Dª. ADELA CANO LANTERO

 Demandado: COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA

 Abogado Del Estado

 Ponente IImo. Sr.: D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 S E N T E N C I A Nº:

 IIma. Sra. Presidente:

 Dª. BERTA SANTILLAN PEDROSA

 Ilmos. Sres. Magistrados:

 D. SANTIAGO PABLO SOLDEVILA FRAGOSO

 D. FRANCISCO DE LA PEÑA ELIAS

 D. RAMÓN CASTILLO BADAL

 Madrid, a veintitres de junio de dos mil dieciséis.

 VISTO por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, el recurso contencioso- administrativo núm. 548/2013, promovido por la Procuradora de los Tribunales Dª. Adela Cano Lantero, en nombre y en representación de la mercantil " TRANS EUROPEAN TRANSPORT SUARDIAZ, S.L ." contra la resolución dictada en fecha 16 de septiembre de 2013, por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el expediente sancionador S/0397/12 TRANSPORTES MADRID, por la que se la impone una sanción de 3.463 euros.

 Ha sido parte en autos la Administración demandada representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 PRIMERO. - Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la ley, se emplazó a la parte recurrente para que formalizase la demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que entendió oportunos solicitó a la Sala que dicte sentencia por la que:

 "...acuerde declarar la nulidad de pleno derecho o, en su caso, la anulabilidad de la resolución impugnada que impone a TET la sanción de 3.463 euros, por ser la misma contraria a derecho"".

 SEGUNDO. - El Abogado del Estado contesta a la demanda mediante escrito en el que suplica se dicte sentencia por la que se desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto con imposición de costas a la parte recurrente.

 TERCERO. - Al no haberse acordado el recibimiento del pleito a prueba, se dio traslado a las partes para que presentaran escritos de conclusiones y una vez aportados quedaron las actuaciones pendientes para votación y fallo para lo que se señaló la audiencia el día 1 de junio de 2016.

 CUARTO. - Mediante providencia de 2 de junio de 2016, sin dejar sin efecto el señalamiento y, al amparo del art. 33.2 LJCA se acordó oír a las partes sobre la incidencia de la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en las sentencias de 29 de enero de 2015 rec. 2872/2013 y 30 de septiembre de 2015, rec. 496/2013 , entre otras, presentando las partes sus alegaciones al respecto.

 QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

 Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. RAMÓN CASTILLO BADAL.

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

 PRIMERO. - Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la Resolución dictada en fecha 16 de septiembre de 2013 por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el expediente sancionador nº S/0397/12, Transportes Madrid.

 Dicha resolución acuerda:

 "VIGÉSIMO SEGUNDO.- Declarar que en este expediente ha resultado acreditada una infracción del Artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del TFUE , consistente en un acuerdo de precios prohibido por el artículo 1 de la LDC y el articulo 101 del TFUE del que son responsables ASEMTRACON; MEGATRAC 2000, S.L.; TRANSPORTES MANUEL GONZALEZ BLAZQUEZ, S.A.; TET TRANS EUROPEAN TRANSPORT, S.A.; RAISAPORT TRANSPORT, S.L.; MAARIF, S.L.; TRANSPORTES ALONSO SALCEDO S.A.; TRANSPORTES CARRASCO, S.A.; TRAVELPORT, S.L.; CECOTRANS BIZ S. COOP.; FOUR CARRUANA, S.L,; TCV RAILWAY TRANSPORT, S.L.; COTRANSA, S.A.; CESAREO MARTIN- SANZ, S.A.; TRANSTECO, S.A.; AGENCIA DE TRANSPORTES SANTINA DE COVADONGA; LAUMAR CARGO, S.L. y JOIRSA LOGISTICS, S.A.

 ....

 VIGÉSIMO NOVENO. Imponer las siguientes multas a las autoras de la conducta infractora declarada en el resuelve segundo:

 .....

 TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES euros (3.463) a TRANSEUROPEAN TRANSPORT, S.A."

 La resolución sancionadora impugnada considera que las entidades sancionadas -empresas dedicadas al transporte de contenedores por carretera que han operado en algún momento en el Puerto Seco de Madrid- participaron en una reunión convocada por ASEMTRACON - que es la asociación de empresarios de transportes de contenedores por carretera de la zona centro- y que se celebró el día 3 de marzo de 2011. En esa reunión, los asistentes constituyeron una mesa de trabajo sobre el sector del transporte de contenedores por carretera y acordaron por unanimidad la aplicación de una cláusula de revisión del precio del gasóleo en las operaciones del transporte de contenedores por carretera consistente en que "con efectos de día 15 del mes de abril de 2001 se procederá a la repercusión de esta cláusula del 5% sobre el precio de los servicios de transporte, en aquellos casos en los que no se haya venido aplicando hasta ahora". Actuaciones que se han calificado como anticompetitivas y que se prohíben en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia .

 La CNMC lo explica porque: "El funcionamiento competitivo del mercado exige que cada operador decida autónomamente su comportamiento, sin ningún tipo de acuerdo, ya que al sustituir la actuación independiente por la colectiva se limita la competencia. Dentro del conjunto de posibles conductas colusivas, los acuerdos de fijación directa o indirecta de precios son considerados especialmente graves porque suprimen la competencia entre operadores en un elemento esencial para diferenciar las ofertas como es el precio, impidiendo así a los usuarios que se beneficien de los menores precios que resultarían de la competencia entre oferentes. En definitiva, mediante este tipo de acuerdos surge el riesgo de provocar precios más altos".

 SEGUNDO .- En el escrito de demanda presentado por la mercantil recurrente "TRANSEUROPEANTRANSPORT SUARDIAZ, S.L." solicita la anulación de dicha resolución con fundamento en las siguientes consideraciones.

 1.- Irregularidades de la fotocopia del supuesto acuerdo de fijación de precios.

 2.- Ausencia de firma y sello de TET en el supuesto acuerdo de fijación de precios no siendo lo mismo un logotipo que un sello.

 3.- Las pocas facturas con recargo de combustible no tienen nada que ver con viajes a o desde Madrid y derivan del bunker surcharge de las empresas navieras y, en todo caso, no cabe obviar la recomendación de la Generalitat de Catalunya del incremento del 6,6% para el combustible.

 En cualquier caso, la fijación de la referida cláusula de revisión de precios por la variación del precio de gasóleo está avalada por el artículo 38 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías . Y ello impide apreciar en la recurrente una conducta que se le pueda reprochar a título de culpa pues actuó con la seguridad y confianza de que dicha medida contaba con respaldo legal.

 TERCERO. - El Abogado del Estado en su escrito de contestación a la demanda solicita que se desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto y que, en consecuencia, se confirme la sanción impuesta a la mercantil recurrente. Y rechaza todas y cada una de las alegaciones en que la mercantil recurrente justificaba su defensa.

 CUARTO. - Debemos analizar, en primer lugar, el acuerdo adoptado en fecha 3 de marzo de 2011, por los asistentes a la mesa de trabajo sobre el sector del transporte de contenedores por carretera en Madrid. Acuerdo que se recogió en un documento fechado el 7 de marzo de 2011. Y si se concluyera que el mismo vulnera el artículo 1 de la LDC corresponderá, posteriormente, analizar si la prueba de cargo tenida en cuenta por la CNC permite efectivamente concluir el conocimiento de la recurrente del acuerdo adoptado en dicha mesa de trabajo.

 La conducta imputada se ha tipificado por la CNC con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.a) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia que dispone:

 "1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en:

 a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio".

 La actividad que se prohíbe en el citado precepto es cualquier acuerdo o conducta concertada conscientemente tendente a falsear la libre competencia, lo que exige la concurrencia de voluntades de dos o más sujetos a tal fin; y no requiere que se alcance la finalidad de vulneración de la libre competencia, basta con que se tienda a ese fin en la realización de la conducta, tenga éxito o no la misma. Es decir, la conducta ha de ser apta para lograr el fin de falseamiento de la libre competencia.

 Queda acreditado que en fecha 3 de marzo de 2011 se reúnen diversas empresas, todas ellas dedicadas al transporte de contenedores por carretera con operaciones en el puerto seco de Madrid, y por unanimidad adoptan aplicar con efectos del día 15 del mes de abril de 2011 la repercusión de la cláusula del 5% sobre el precio de los servicios. El contenido del citado acuerdo recogido en el documento fechado el 7 de marzo de 2011 permite concluir que los asistentes conocían que la finalidad del acuerdo era fijar unos precios comunes fijando una cláusula común de revisión por la variación del precio del gasóleo como se aprecia del contenido de algunos párrafos del citado documento que ahora se destacan. Así se afirma:

 "Se trata de las fluctuaciones en el precio el combustible que tan intensamente repercuten en la estructura de costes de la actividad, de forma que un incremento o una bajada sostenidos en el precio del gasóleo pueden llegar a cambiar el escenario de rentabilidad del negocio o, incluso, a propiciar la crisis global del sector. Objetivamente se considera injusta una relación tan directa entre el precio del combustible y rendimiento obtenido por el servicio prestado, y una exposición tan arriesgada de la actividad a este factor y, por eso, las normativas más recientes han venido propiciando y obligando a establecer y aplicar entre los operadores cláusulas de revisión automática que independicen o prevean una dinámica propia para la repercusión de las fluctuaciones del precio del combustible, diferenciada respecto al precio del servicio de transporte como tal" .

 Y se añade: "Es el momento de los hechos, de llevar a la realidad lo que las normas y los compromisos establecen, de que cada uno de los que tenemos relación con el transporte cumplamos nuestras obligaciones y asumamos nuestras responsabilidades. Los transportistas debemos ser los más comprometidos con este proceso de rigor y exigencia, pues nos va todo en ello. Debemos defender nuestra dignidad que es lo mismo que defender nuestros negocios, exigir y aplicar todo aquello que la ley establece y negarnos a trabajar cuando las condiciones no sean las mínimas que la propia ley contempla. Los miembros de la Mesa que han negociado y formalizado el presente acuerdo se comprometen a mantener reuniones periódicas dirigidas a garantizar su cumplimiento, con el fin de corregirlas desviaciones que pudieran hacerlo fracasar o modificarlo en función de las circunstancias".

 Como ya decíamos en la sentencia dictada en fecha 2 de junio de 2016 en el recurso contencioso administrativo nº 466/2013 , en el que se impugnaba una sanción impuesta en el mismo expediente sancionador que la que ahora revisamos:

 "La lectura del mismo no deja lugar a dudas, cuando puede constatarse que las empresas convocadas tomaron de conjunto el acuerdo global e indiscriminado de aplicar el incremento de precio referido, en una cuantía especifica, a partir de fechas determinadas y con solución de continuidad, estableciendo además un organismo de control para evitar desviaciones en su aplicación".

 Por tanto, ese acuerdo colectivo se encuentra expresamente prohibido por el artículo 1 de la LDC y articulo 101 del TJUE, en la medida en que esa posición colectiva de fuerza desvirtúa el equilibrio de las partes e impide y coarta estrategias competitivas individuales de las empresas. Con ese acuerdo se coordina el comportamiento de empresas competidoras y la concreción del mismo en cuanto al cómo, el cuándo y el cuánto incrementar los precios; se trata claramente de un acuerdo de precios apto para distorsionar la competencia en el mercado.

 El citado acuerdo no tiene amparo legal en la previsión recogida en el artículo 38 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías , que regula la "revisión del precio del transporte por carretera en función de la variación del precio del gasóleo" porque como decíamos en la sentencia de 2 de junio de 2016 rec. 466/2013 :

 "si bien, el artículo 38 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías , permite realizar el incremento de precios aludido siguiendo criterios o formulas establecidas por la Administración e imponiendo que la repercusión deberá basarse en la estructura de costes que en el transporte tenga el precio del gasóleo, dicha autorización lo es para actuaciones individuales y siempre que no existiera pacto en contra".

 La Sala, a la vista de lo expuesto considera que se está ante una conducta anticompetitiva denominada cártel que supone un acuerdo formal entre empresas del mismo sector cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado obteniendo un poder sobre el mercado en el cual obtienen los mayores beneficios posibles en perjuicio de los consumidores. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de junio de 2009 Asunto C-8/08 T-Mobile en su párrafo 26 refiere que:

 " Por lo que respecta a la definición de práctica concertada, el Tribunal de Justicia declaró que tal práctica concertada es una forma de coordinación entre empresas que, sin haber desembocado en la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituye conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas (véanse las sentencias de 16 de diciembre de 1975, SuikerUnie y otros/Comisión, 40/73 a 48/73 , 50/73 , 54/73 a 56/73 , 111/73 , 113/73 y 114/73 , Rec. p. 1663, apartado 26 , y de 31 de marzo de 1993, AhlströmOsakeyhtiö y otros/Comisión, C-89/85 , C-104/85 , C-114/85 , C-116/85 , C- 117/85 y C-125/85 a C-129/85 , Rec. p. I-1307, apartado 63)".

 Esa misma sentencia del Tribunal de Justicia en sus párrafos 30 y 31 refiere que:

 " (30) Y en el caso analizado se ha constatado la existencia de contactos directos entre competidores con el fin de coordinar su comportamiento competitivo en materia comercial de fijación de precios mínimos lo cual es contrario a la competencia. En tales circunstancias, contrariamente a lo que defiende el órgano jurisdiccional remitente, no es necesario examinar los efectos de una práctica concertada cuando quede acreditado su objeto contrario a la competencia.

 (31).Por lo que respecta al análisis del objeto contrario a la competencia de una práctica concertada como la controvertida en el litigio principal, ha de recordarse, en primer lugar, que, como señaló la Abogado General en el punto 46 de sus conclusiones, para tener un objeto contrario a la competencia, basta con que la práctica concertada pueda producir efectos negativos en la competencia. Dicho de otro modo, sólo tiene que ser concretamente apta, teniendo en cuenta el contexto jurídico y económico en el que se inscribe, para impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el mercado común. La cuestión de si tal efecto se produce realmente y, en su caso, en qué medida, únicamente puede ser relevante para calcular el importe de las multas y los derechos de indemnización por daños y perjuicios".

 QUINTO. - Una vez que hemos concluido que son anticompetitivas las decisiones acordadas de común acuerdo por todas las empresas asistentes a la mesa de trabajo celebrada en fecha 3 de marzo de 2011, corresponde ahora analizar la participación de la mercantil recurrente en la adopción de dicho acuerdo anticompetitivo.

 Ello nos conduce a examinar si hay prueba sobre su culpabilidad.

 En este tipo de actuaciones es difícil encontrarse con la existencia de pruebas directas que permitan acreditar la participación en las conductas infractoras; lo normal es que sea a través de indicios. Pues bien, la prueba de indicios está ampliamente aceptada por la jurisprudencia constitucional desde la SSTC 174 y 175/1985 , y resulta práctica habitual en materia de cárteles, siempre que los indicios resulten probados de forma directa, tengan fuerza persuasiva, produzcan una convicción suficiente en el juzgador, se encuentren en directa relación con las consecuencias que se pretenden extraer de los mismos y no exista una explicación alternativa que permita desvirtuar las conclusiones a las que llega la Administración.

 En este caso la Sala, a la vista de la prueba existente concluye que en relación con la mercantil recurrente hay prueba de su participación en la adopción del acuerdo que se ha declarado anticompetitivo.

 Es verdad, que no figura el correo de convocatoria dirigido a TRANS EUROPEAN SPORT SUARDIAZ SL pero sí su sello en la parte baja del acuerdo junto a las demás empresas participantes en la reunión y que, han sido, asimismo sancionadas.

 Sostiene la recurrente que, en realidad, lo que figura al pie del acuerdo no es su sello sino el logotipo de la empresa que aparece en su página web y que es muy fácil de plasmar en un folio a lo que añade, que la firma que aparece debajo es ilegible. Este dato pudiera suscitar dudas acerca de la participación de la recurrente en el acuerdo pero no explica como apareciendo, en definitiva, su identificación en el mismo no pidió explicaciones al respecto a la asociación convocante teniendo en cuenta que la aparición de su sello o logo en el acuerdo lo que pone de manifiesto a las demás empresas es que suscribe su contenido.

 Por otra parte, se ha acreditado que en los meses de abril y mayo de 2011 la actora incrementó los portes efectuados bajo el concepto "recargo de combustible" con el mismo porcentaje del 5% que el adoptado en el acuerdo de 7 de marzo de 2011. La explicación que al respecto ofrece la recurrente no es acogible pues afirma, que las facturas de la Delegación de Barcelona pues todas las que incorporan el recargo de combustible corresponden a notas de carga de Barcelona (letra C) se refieren a compañías navieras que operan en el mercado con el Bunker Surchage , concepto traducido en que si baja el precio del combustible sin necesidad de renegociar el precio se le tiene que facturar una cantidad inferior.

 Esta figura, impuesta por las navieras implica una claúsula automática de rebaja del precio si el del combustible baja pero no explica el incremento del 5% cuando, como se afirma, las transportistas terrestres están en manos de las grandes navieras y, por tanto, impedirían cualquier incremento.

 No se ofrece otra explicación lógica salvo que el incremento citado no es sino la aplicación del acuerdo de 7 de marzo de 2011 porque incluso no coincide con el incremento establecido por la Generalitat de Cataluña que es del 6,6%.

 Por lo demás, el hecho de que las facturas referidas se refieran a transportes que excedan el ámbito de la Comunidad de Madrid no excluye la responsabilidad sino que refleja que el acuerdo de 7 de marzo tuvo un ámbito territorial superior.

 En consecuencia, existen indicios que en su conjunto permiten concluir su participación y conocimiento del acuerdo anticolusorio examinado.

 Por otra parte, ha de insistirse en que no consta que la recurrente al recibir la información antes relatada se apartara expresamente del grupo o manifestara su oposición a ese tipo de prácticas en las que, además, estaba interesada al ser un sector de mercado en la que realiza su actividad empresarial como empresa de transporte. Y pese a ser una infracción que se consuma por su objeto, resultando irrelevante a los efectos de tipificar la conducta el hecho de su eventual ejecución, ya que basta con la asistencia de las empresas a la reunión en la que con detalle se exponen las conductas anticompetitivas, sin que posteriormente se produzca un apartamiento público de las mismas respecto del contenido de dichos acuerdos, para que se cometa la infracción. (En este sentido puede verse la STJUE de 4 de junio de 2009, asunto C-9/08 , T-Mobile), en éste caso, además, consta acreditada la aplicación efectiva del acuerdo anticompetitivo.

 SEXTO.- Ahora bien, la sanción se ha impuesto con arreglo a los criterios fijados en la "Comunicación de la CNC sobre la cuantificación de las sanciones derivadas de infracciones de los artículos 1 , 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea" (BOE de 11 de febrero de 2009). Y por ese único motivo, esta Sección estima parcialmente el recurso porque la cuantía de la multa impuesta debe anularse al no respetar el principio de proporcionalidad como así se ha declarado por el Tribunal Supremo en la sentencia dictada en fecha 29 de enero de 2015 (casación 2872/2013 ) y otras posteriores, ordenando a la Comisión Nacional de la Competencia a que proceda a cuantificar de nuevo la multa, de acuerdo con la interpretación que de los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007 se hace por el Tribunal Supremo en esa sentencia.

 A ello no se opone la alegación que hace el Abogado del Estado sobre la indebida aplicación del art. 33.2 LJCA pues ha de tenerse en cuenta la singularidad que presentan estos procedimientos sancionadores en los que la misma resolución sanciona a diferentes empresas y aplicando los mismos criterios que, en lo que se refiere a la Comunicación antes citada, el Tribunal Supremo ha declarado disconforme a derecho.

 Sucede que alguna de las empresas aquí sancionadas sí ha suscitado en su recurso la falta de proporcionalidad e incorrecta cuantificación de la sanción, encontrándose la Sala en el momento de deliberar conjuntamente los recursos con que alguno de ellos "no ha apreciado debidamente la cuestión sometida a su conocimiento" en lo relativo a ese punto, lo que daría lugar, de no aplicar el art. 33.2 LJCA a pronunciamientos injustificadamente desiguales cuando la misma resolución sancionadora en relación a la misma conducta debe ser corregida en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

 SÉPTIMO .- Toda vez que se ha estimado parcialmente el presente recurso contencioso administrativo no se hace un pronunciamiento especial sobre las costas procesales causadas en esta instancia, tal como dispone el artículo 139.1 de la LJCA en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre.

FALLAMOS

 Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso administrativo nº 548/2013, promovido por la Procuradora de los Tribunales Dª. Adela Cano Lantero, en nombre y en representación de la mercantil " TRANS EUROPEAN TRANSPORT SUARDIAZ, S.L ." contra la resolución dictada en fecha 16 de septiembre de 2013, por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el expediente sancionador S/0397/12 TRANSPORTES MADRID, y, en consecuencia, se anula por ser contraria al ordenamiento jurídico pero en el único y exclusivo aspecto relativo a la cuantía de la multa impuesta que se deja sin efecto y se ordena a la CNC que fije de nuevo su cuantía, con arreglo a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en la sentencia referida en el fundamento de derecho sexto de esta sentencia.

 No se hace un pronunciamiento especial sobre las costas procesales causadas en esta instancia.

 Así por ésta nuestra sentencia, que se notificará haciendo constar que contra la misma no cabe recurso de casación, siguiendo las indicaciones prescritas en el artículo 248 de la Ley Orgánica 6/1985 . Lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 PUBLICACIÓN .- Una vez firmada y publicada la anterior resolución entregada en esta Secretaría para su no tificación, a las partes, expidiéndose certificación literal de la misma para su unión a las actuaciones.

 En Madrid a 28/06/2016 doy fe.