Observamos y analizamos la actividad del mercado para detectar y prevenir prácticas anticompetitivas que puedan dañar la competencia y afectar a los consumidores.
Establecemos normas para garantizar una competencia efectiva entre empresas de distintos sectores económicos, con especial atención a la protección del consumidor.
Las prácticas anticompetitivas afectarían especialmente a las licitaciones de los contratos de la Administración Pública para realizar campañas de publicidad.