- Los enganches ilegales a la red o la manipulación de los contadores son prácticas ilegales que han ido en aumento en los últimos tiempos.
- El fraude perjudica a todos los consumidores, porque soportan solidariamente los costes de los impagos, y genera riesgos para la seguridad ciudadana.
- Las medidas proponen procedimientos comunes en las inspecciones, nuevos criterios de facturación y proteger a los usuarios afectados.
Las conexiones ilegales a la red o la manipulación de los contadores son prácticas ilegales que suponen un fraude para sistema eléctrico. Además de encarecer los costes para el resto de los consumidores, generan riesgos relacionados con la seguridad ciudadana.
La CNMC ha aprobado una propuesta normativa para actualizar y mejorar la regulación que lucha contra unas prácticas prohibidas que han aumentado en los últimos años. (INF/DE/149/25).
Entre otros, propone fijar unos procedimientos comunes de actuación para los distribuidores cuando realicen sus inspecciones. También aborda las actuaciones en caso de confirmarse el fraude y las comunicaciones entre los sujetos afectados.
Además, en aquellos barrios vulnerables donde los fraudes pongan en peligro la seguridad de las instalaciones y de las personas se implementarán planes de contingencia. Las medidas adoptadas, como los cortes del suministro, buscarán minimizar el impacto en los consumidores que pagan sus facturas y se prestará especial atención a los hogares con consumidores vulnerables.
Criterios de facturación
La CNMC aprobará mediante una resolución [1] los valores de potencia y horas de utilización de energía para facturar los importes derivados del fraude en los casos en que no puedan aplicarse criterios objetivos.
Los precios de peajes y cargos serán los correspondientes, según el tipo de consumidor. El coste de la energía será el regulado; es decir, el equivalente al coste de energía del PVPC.
Asimismo, se propone que los peajes y cargos se incrementen por un factor multiplicador. La CNMC y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cada uno en el ámbito de sus competencias, se encargarán de su aprobación.
Por su parte, los peajes de acceso y cargos, así como la energía, en el caso de que sea facturada por el distribuidor en los casos de detección del fraude, serán integrados en el sistema de liquidaciones reguladas. La energía asociada al fraude será declarada al operador del sistema (Red Eléctrica de España) como pérdidas por fraude para mejorar la transparencia de la información del sistema.
Esta propuesta de la CNMC es acorde a la Ley 24/2013, y podría ser articulada mediante una normativa con rango de real decreto. Los aspectos que corresponde regular a la CNMC se recogerían en resoluciones de desarrollo de las circulares que se encuentran actualmente en revisión.
[1] En el ámbito de desarrollo de la circular por la que se establece la metodología de cálculo de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución.
