- Los operadores mayoristas de carburantes no pueden abrir nuevas gasolineras ni firmar contratos exclusivos de suministro en territorios donde superen el 30 % de cuota.
- La CNMC ha iniciado un estudio para evaluar cómo ha afectado la medida al mercado minorista y si sigue siendo necesaria.
- Hasta el 5 de marzo, los interesados podrán participar en la consulta pública y enviar sus comentarios.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un estudio para analizar la limitación legal que, desde 2013, prohíbe a los operadores mayoristas de carburantes expandir sus estaciones de servicio o firmar nuevos contratos en exclusiva en provincias, islas o ciudades autónomas donde superen el 30 % de cuota.
Esta limitación, incluida en la Ley 8/2015, forma parte de varias reformas que se adoptaron para mejorar la competencia en la distribución de carburantes. Cuenta con una cláusula de revisión que permite al Gobierno revisar el porcentaje del 30 % o levantar la prohibición “cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen”.
Consulta pública y estudio
El estudio se inicia tras recibir una solicitud de la Secretaría de Estado de Energía. La CNMC evaluará cómo ha funcionado la restricción y su impacto en la estructura y competencia del mercado minorista de carburantes durante estos años.
A través de la consulta pública, disponible hasta el 5 de marzo, la CNMC recabará las aportaciones de empresas, titulares de estaciones de servicio, consumidores y usuarios, asociaciones, administraciones públicas, expertos y cualquier persona u organización que quiera enviar información relevante.
Antecedentes
La CNMC ha realizado varios estudios sobre el sector; entre otros, sobre el mercado mayorista (E/CNMC/002/15) o sobre los efectos de la entrada de gasolineras automáticas en el mercado de distribución minorista (E/CNMC/005/19).
De acuerdo con su Ley de creación, la CNMC tiene entre sus funciones la promoción de una competencia efectiva en los mercados, mediante, entre otros instrumentos, la realización de estudios y trabajos de investigación y la emisión de informes generales sobre sectores económicos, que pueden incluir propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa.
