Declaración conjunta del Grupo de Trabajo de Consejos de las Autoridades de Competencia sobre el nuevo marco regulatorio en materia de arrendamiento de vehículos con conductor

30 Oct 2018 | Promoción de Competencia Promoción de Competencia, Nota de prensa
  • La normativa que dicten comunidades autónomas y municipios debe ajustarse a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
  • Han acordado reforzar los mecanismos de cooperación y coordinación.

 

El Grupo de Trabajo de Consejos de las Autoridades de Competencia ha acordado una Declaración conjunta. En ella recuerda a las administraciones públicas autonómicas y locales que todas las medidas que adopten relativas al servicio VTC deben respetar los principios de buena regulación (fundamentalmente, necesidad, proporcionalidad y no discriminación).

El Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, modificó la Ley 16/1987, de Ordenación de los transportes terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) que prevé la posibilidad de que las Administraciones públicas autonómicas y locales regulen determinados aspectos de la actividad de VTC.

Asimismo, en la Declaración conjunta, se recuerda que la CNMC y las autoridades de competencia autonómicas son órganos consultivos a disposición de las Administraciones públicas autonómicas y locales para asesorarlas en el ejercicio de las competencias y potestades que el Real Decreto-ley citado les atribuye. En este sentido, el Grupo de Trabajo llama la atención acerca de la conveniencia de que toda regulación autonómica y local sobre el servicio VTC que se adopte se someta a informe previo de las autoridades de competencia.

Además, en la reunión celebrada el lunes 29 de octubre, se ha acordado reforzar los mecanismos de cooperación y coordinación al objeto de garantizar un enfoque coherente y dar la máxima consistencia entre las autoridades de competencia en el ejercicio de sus funciones en este ámbito.

El Grupo de Trabajo de Consejos de las Autoridades de Competencia está formado por representantes de los órganos resolutorios de las autoridades de competencia del Estado y las Comunidades Autónomas (CNMC y autoridades de competencia de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura y País Vasco).