La CNMC recomienda justificar mejor algunas restricciones impuestas a los productores de tabaco con filtros y de filtros
- La instalación de infraestructuras para la recogida de residuos, por ejemplo, debería estar más justificada por su posible impacto económico.
- El proyecto de Real decreto sobre el que informa la CNMC traslada a España las claves de la normativa europea sobre gestión de residuos sobre filtros y productos del tabaco.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado el proyecto de Real decreto relativo a la gestión de los residuos de los productos del tabaco con filtros y los filtros comercializados que se utilizan con productos del tabaco (IPN/CNMC/021/23).
Este proyecto normativo tiene en cuenta, entre otros, el objeto y ámbito de aplicación, las medidas de prevención y gestión, el régimen de responsabilidad ampliada del productor, las obligaciones de información y sensibilización o las medidas que regulan el control, vigilancia y régimen sancionador.
Análisis de la CNMC
La CNMC valora positivamente este proyecto que traslada el planteamiento general de la regulación de la gestión de residuos a los productos del tabaco con filtros y filtros comercializados. Esta iniciativa persigue la protección de la salud pública y del medio ambiente a través de una utilización eficiente y racional de los recursos naturales, la promoción de los principios de la economía circular y la responsabilidad ampliada del productor.
Sin embargo, la CNMC propone las siguientes recomendaciones:
- Justificar el umbral establecido que obliga a las empresas a contar con un plan de prevención y ecodiseño y considerar la reducción de su periodicidad. Justificar también la obligación impuesta a los agentes distintos de los productores de instalar infraestructura para recogida de residuos, así como motivar los criterios de selección de estos agentes.
- Buscar alternativas a la recogida separada para lograr la finalidad perseguida: recoger datos e introducir medidas incentivadoras y no coercitivas para los operadores.
- Establecer una validez indefinida de las autorizaciones de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Se prestará especial atención a que las especificaciones a nivel autonómico no impidan el aprovechamiento de economías de escala y el alcance del mercado en todo el territorio nacional.
- Fijar con precisión el contenido de los convenios con las administraciones públicas para no introducir prestaciones propias de los contratos públicos y reforzar las obligaciones de publicación.
- Respetar la normativa de competencia por los integrantes de los sistemas colectivos y por terceros operadores durante los intercambios de información.
Este informe se emite a solicitud del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
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