Guías y recomendaciones

¿Qué es una Memoria de Competencia?

Es el análisis y valoración de un proyecto normativo o regulatorio desde el punto de vista de la competencia.

El nombre de Memoria se ha tomado por ser el que se utiliza en la actualidad para los informes que deben acompañar a todo proyecto normativo: la Memoria Justificativa, la Memoria Económica y la Memoria de Impacto de Género

¿Por qué se hace?

La aprobación de una nueva norma o regulación es susceptible de tener efectos sobre el funcionamiento de la libre competencia en los mercados. Estos efectos pueden ser negativos, en cuyo caso puede perjudicarse a la competencia, a la libertad de empresa y al bienestar del consumidor.

Debido a ello, resulta necesario que cuando se proyecte una nueva norma o regulación se valore desde un principio si la misma puede introducir efectos negativos para la competencia que no se encuentren justificados por los objetivos que la norma persigue o que podrían mitigarse si se utilizara otra alternativa regulatoria.

¿En qué casos debe hacerse?

En opinión de la CNMC, este tipo de análisis y valoración debe hacerse en todos los niveles de actuación de la Administración.

Por lo tanto, no debe limitarse a aquellas normas de mayor rango como leyes o reales decretos, sino que debe ser aplicado también en normas de rango inferior (órdenes, resoluciones, etc.) e incluso actos administrativos, puesto que, muy a menudo, las restricciones a la competencia no se introducen en los textos básicos, sino en sus normas de desarrollo y de aplicación.

¿Quién debe hacerla?

Los órganos proponentes de la norma, al igual que sucede con el resto de los análisis que se incorporan en las Memorias Justificativa, Económica y de Impacto de Género.

El motivo es que el objetivo de la Memoria no es tanto poner de manifiesto en un documento que un proyecto normativo restringe la competencia en los mercados de forma injustificada o desproporcionada, o que otra alternativa regulatoria habría resultado mejor desde el punto de vista de la competencia, sino, precisamente, que el propio órgano proponente tome conciencia de ello y evite el problema.

¿Cuándo se hace?

Desde el primer momento del diseño del proyecto. El redactor de la norma o de la actuación administrativa debe tener en mente, desde el inicio, el análisis y valoración de los efectos de la misma sobre la competencia para prevenir la elaboración de proyectos ya viciados desde dicha perspectiva desde sus borradores iniciales.

¿Qué se obtiene a cambio?

Una regulación que logre la consecución eficaz de los objetivos que persigue sin restringir injustificadamente la competencia.

Por lo tanto, la realización de un análisis desde el punto de vista de la competencia sólo puede dar lugar a un marco normativo y a una actuación administrativa de mayor calidad, más acorde con el principio constitucional de libertad de empresa en el marco de una economía de mercado.

¿Cómo se elabora?

En esta Guía se ofrece un procedimiento para el análisis y valoración de un proyecto normativo o actuación administrativa desde el punto de vista de la competencia. Se ha optado por un planteamiento muy sencillo estructurado en tres pasos.

  • PASO I. IDENTIFICACIÓN. Identificación de los posibles efectos negativos sobre la competencia que pudiera generar la norma o actuación prevista. La identificación se basa en la realización de preguntas clave que ayudan, de forma muy intuitiva, a “pensar” desde el punto de vista de la competencia e identificar posibles problemas. Caso de que en el proyecto no se identifiquen potenciales problemas de competencia, será necesario justificar en la Memoria de Competencia las razones que llevan a tal conclusión antes de dar el procedimiento por finalizado. Si, por el contrario, el proyecto incluye preceptos o mecanismos susceptibles de restringir la competencia, será preciso continuar el procedimiento de análisis con los siguientes pasos.
  • PASO II. JUSTIFICACIÓN. Justificación de las restricciones a la competencia que se han identificado. Se trata de analizar cuál es el objetivo que se pretende lograr con la regulación, al objeto de valorar la necesidad de las restricciones introducidas para la consecución de dicho objetivo y su proporcionalidad. Si no se puede justificar la restricción a la competencia que se pretende introducir, será preciso modificar el proyecto en consecuencia. Si, por el contrario, se puede encontrar una justificación de la necesidad y proporcionalidad de la restricción, será preciso plantearse si se está instrumentando de forma correcta o si existe una alternativa regulatoria menos restrictiva de la competencia, tarea que debe acometerse necesariamente y que constituye el objeto del paso siguiente.
  • PASO III. ALTERNATIVAS. Análisis de las alternativas regulatorias. Se trata de constatar que no existe un mecanismo alternativo que permita alcanzar el mismo objetivo perseguido pero sin restringir la competencia o, al menos, restringiéndola en menor medida. Si se identifica una alternativa regulatoria menos restrictiva de la competencia, deberá optarse por ésta.