Servicio universal y contabilidad regulatoria

El servicio universal de telecomunicaciones garantiza a todos los consumidores, con independencia de su localización geográfica, en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio asequible, los siguientes servicios:

a) acceso a internet de banda desde una ubicación fija de 10 Mbit por segundo en sentido descendente (la conexión deberá soportar el conjunto mínimo de servicios a que se refiere el anexo III de la Ley General de Telecomunicaciones) y
b) comunicaciones vocales desde una ubicación fija.

Verificamos y aprobamos la declaración anual del coste neto del servicio universal realizada por los operadores obligados a su prestación. Posteriormente, determinamos el coste neto del servicio universal para cada año y, por otro lado, si dicho coste supone una carga injustificada para los operadores obligados a su prestación, en cuyo caso debe procederse a la apertura del mecanismo de financiación del servicio universal.

En ese caso, los operadores que hayan obtenido unos ingresos brutos de explotación anuales superiores a 100 millones de euros están obligados a compartir el coste neto de ese ejercicio. Desde la CNMC concretamos los importes exactos con que cada uno de los operadores debe contribuir a lo que se denomina el Fondo Nacional del Servicio Universal (FNSU). La normativa actual encomienda a la CNMC el cobro de los importes anteriores, así como su transferencia a los operadores prestadores del SU.

Por otro lado, la Ley General de Telecomunicaciones establece que todos los operadores deben ofrecer a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales, opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones comerciales normales, entre las que debe figurar un abono social para cada uno de los servicios o su prestación empaquetada, a elección del consumidor. Nos corresponde garantizar su asequibilidad, lo que se efectúa mediante la supervisión de la evolución y el nivel de tarificación al público de estos servicios y la posible exigencia, en su caso, de modificación o supresión de las opciones o paquetes que se consideren inadecuados.

Por otra parte, establecemos los sistemas de contabilidad de costes que deben aplicarse a los operadores declarados con poder significativo de mercado y que están obligados a mantener una contabilidad regulatoria para hacer posible la fijación de precios regulados, concretando además el formato y los métodos contables que éstos deben utilizar.
Realizamos la revisión anual de los resultados de costes de los operadores obligados con el objeto de tener información sobre ingresos, costes y márgenes de los servicios. En dicha revisión, comprobamos que los operadores cumplan los criterios establecidos y ordenamos, en su caso, las modificaciones pertinentes, aportando información relevante para diversas decisiones regulatorias.

También determinamos las tasas de retorno a considerar para el cálculo de los costes de capital en la contabilidad de costes regulatoria, al objeto de contemplar una tasa razonable de rendimiento sobre las inversiones realizadas